Día 3
Por Wendy Carrasco
Periodista y educadora
En el debate suscitado en torno a los llamados espacios o encuentros vinculados al fenómeno Therian en la República Dominicana, resulta imprescindible elevar la conversación a un plano más profundo y estructural: el de la dignidad humana como fundamento del orden constitucional y de nuestra tradición cultural.
La Constitución de la República Dominicana establece en su artículo 38 que la dignidad humana es sagrada, innata e inviolable, y constituye el fundamento del ordenamiento jurídico, de la paz social y del Estado. No se trata de una expresión retórica, sino del principio rector que orienta la interpretación de todos los derechos fundamentales.
Desde esta perspectiva, la dignidad no es una construcción subjetiva ni una categoría mutable según tendencias culturales; es un atributo inherente a la persona por el simple hecho de ser humana. Cualquier práctica o discurso que diluya esa identidad esencial plantea interrogantes que deben ser abordadas con responsabilidad institucional.
La República Dominicana, además, posee una profunda raíz cultural cristiana que ha influido en su configuración histórica y social. El propio texto constitucional invoca a Dios como guía suprema, reflejando la impronta espiritual que ha acompañado la construcción de nuestra nación. Dentro de esa tradición, la persona humana ocupa un lugar central, creada con propósito y valor intrínseco.
Frente a fenómenos emergentes como los vinculados a las denominadas comunidades Therian, el Estado tiene la responsabilidad de actuar con equilibrio: garantizar derechos y libertades individuales, pero también proteger el interés superior de la niñez y la adolescencia, preservar la salud mental colectiva y salvaguardar los principios que sostienen la convivencia social.
No se trata de promover estigmatización ni persecución, sino de propiciar un debate serio, informado y respetuoso, donde prime el bien común y la defensa de la dignidad humana como pilar irrenunciable.
Cuando la sociedad enfrenta nuevos paradigmas culturales, la respuesta no debe ser la indiferencia ni el sensacionalismo, sino el fortalecimiento de sus fundamentos jurídicos y espirituales. En esa base firme descansa la estabilidad de toda nación.
🔹 Día 3
Dignidad humana: fundamento constitucional y espiritual
Por Wendy Carrasco
Periodista y docente
En el debate suscitado en torno a los llamados espacios o encuentros vinculados al fenómeno Therian en la República Dominicana, resulta imprescindible elevar la conversación a un plano más profundo y estructural: el de la dignidad humana como fundamento del orden constitucional y de nuestra tradición cultural.
La Constitución de la República Dominicana establece en su artículo 38 que la dignidad humana es sagrada, innata e inviolable, y constituye el fundamento del ordenamiento jurídico, de la paz social y del Estado. No se trata de una expresión retórica, sino del principio rector que orienta la interpretación de todos los derechos fundamentales.
Desde esta perspectiva, la dignidad no es una construcción subjetiva ni una categoría mutable según tendencias culturales; es un atributo inherente a la persona por el simple hecho de ser humana. Cualquier práctica o discurso que diluya esa identidad esencial plantea interrogantes que deben ser abordadas con responsabilidad institucional.
La República Dominicana, además, posee una profunda raíz cultural cristiana que ha influido en su configuración histórica y social. El propio texto constitucional invoca a Dios como guía suprema, reflejando la impronta espiritual que ha acompañado la construcción de nuestra nación. Dentro de esa tradición, la persona humana ocupa un lugar central, creada con propósito y valor intrínseco.
Frente a fenómenos emergentes como los vinculados a las denominadas comunidades Therian, el Estado tiene la responsabilidad de actuar con equilibrio: garantizar derechos y libertades individuales, pero también proteger el interés superior de la niñez y la adolescencia, preservar la salud mental colectiva y salvaguardar los principios que sostienen la convivencia social.
No se trata de promover estigmatización ni persecución, sino de propiciar un debate serio, informado y respetuoso, donde prime el bien común y la defensa de la dignidad humana como pilar irrenunciable.
Cuando la sociedad enfrenta nuevos paradigmas culturales, la respuesta no debe ser la indiferencia ni el sensacionalismo, sino el fortalecimiento de sus fundamentos jurídicos y espirituales. En esa base firme descansa la estabilidad de toda nación.